La Junta trasladara al Gobierno las ventajas de una desescalada por zonas básicas de salud

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La Junta de Castilla y León ultima el documento de estrategia de desescalada para la Comunidad que va a remitir al Gobierno de España, tomando en consideración los principales indicadores disponibles y el conocimiento aportado por expertos en el ámbito epidemiológico, sanitario, social y económico, y en consonancia con lo establecido en el denominado “Plan para la transición hacia una nueva normalidad” del Gobierno de España. El vicepresidente Francisco Igea ha destacado los principales aspectos de la propuesta de Castilla y León, en la que se plantea una desescalada gradual de las medidas extraordinarias de restricción de la movilidad y el contacto social adoptadas hasta la fecha y facilitar una recuperación, lo más rápida posible, de la actividad social y económica.

La Junta de Castilla y León sostiene que la desescalada del confinamiento de la población debe hacerse, en nuestra Comunidad, sobre la base de los datos y la respectiva evolución que se registra en las zonas básicas de salud, al menos en lo referido al medio rural.  En estos momentos, existen 26 zonas básicas de salud de Castilla y León que cumplen el criterio de no haber registrado casos en los siete días anteriores, con una población conjunta de 53.509 habitantes (tarjetas sanitarias individuales). Y de ese total de 26, 13 zonas básicas de salud llevan contabilizadas ya dos semanas sin casos.

En el documento también se precisa que todas las medidas de desescalada podrán ser reversibles, en un plazo corto de tiempo, si la evolución no fuese la deseada. De un modo concreto, este Gobierno autonómico plantea valorar la necesidad de reescalado de algunas de las medidas, en función de circunstancias como el incremento del número de casos sospechosos y/o confirmados, en particular si existe sospecha de su transmisión comunitaria dentro de la zona básica de salud.

La argumentación de que la zona básica de salud sea el ámbito geográfico de referencia no implica que se apliquen otros criterios de sectorialización dentro de la zona. El vicepresidente Francisco Igea ha expuesto que el criterio inicial propuesto para pasar a la siguiente fase de desescalada es el de cero casos en los 14 días anteriores en la Zona Básica de Salud. Este planteamiento de Castilla y León para la desescalada supone como ventajas la delimitación sanitaria, la implicación social, el compromiso municipal y el control de la movilidad.

Si bien el documento es extenso para argumentar por qué la desescalada del confinamiento debe valorarse por zonas básicas de salud, que en el caso de Castilla y León beneficiaría ya al medio rural de la Comunidad como fruto de los datos actuales, el documento también contempla consideraciones respecto a los ámbitos semiurbanos y urbanos. Así, se indica que resulta más difícil la segmentación geográfica por zonas básicas de salud dentro de los municipios. Y se añade que es previsible que el desconfinamiento en estos ámbitos sea posterior al de muchas zonas rurales. Para estos municipios, que superan los 20.000 habitantes, la demarcación territorial sería el propio municipio o el área de salud, con segmentación sectorial y demográfica en función de la población de riesgo.

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