La Junta considera insuficiente y negativo el Real Decreto del Ministerio que adopta medidas extraordinarias para el sector del vino

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«Era el momento de apostar por los vinos de calidad en España, y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación no lo ha considerado así», ha afirmado el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, tras las reuniones mantenidas con los representantes de las organizaciones profesionales agrarias, las denominaciones de origen y las cooperativas vitivinícolas de la Comunidad. Insisten en que “es insuficiente y no equilibra las distintas zonas de España desde el lado de la oferta”.

El consejero de Agricultura participa en la vendimia de la DO Ribera del Duero.

Sobre la destilación, se han aplicado unas medidas dotadas con 65.5 millones de euros, en las que el volumen inicial de vino que recibirá ayuda a la destilación será de 2 millones de hectolitros, de los que 0,5 millones de hectolitros serán de vinos amparados por una Denominación de Origen Protegida y 1,5 millones de hectolitros para el resto de vinos (graneles). Aquí la Consejería había solicitado que hubiera un equilibrio, en el sentido de destinar al 50 % esta distribución, pero no se ha tenido en cuenta.

Con respecto a las ayudas al almacenamiento privado, el objetivo de esta ayuda es que los vinos puedan almacenarse esperando que con la recuperación del mercado, retomen su cotización y ritmo de ventas. Dotada con 15 millones de euros, tendrá a las bodegas como beneficiarias, con un importe de ayuda de 0,027 euros por hectolitro de vino y día de almacenamiento, para un periodo de 180 días en todos los vinos, que puede ampliarse hasta los 270 o 360 días en caso de tintos. Los almacenamientos serán en depósito o almacén precintable, salvo para los espumosos que, por su proceso de elaboración, se almacenan en botella. Esta medida se ha mejorado parcialmente, respecto a inicio,

El paquete de medidas incluye además la posibilidad de aplicar, por primera vez en España, la cosecha en verde en aquellas comunidades que así lo decidan y a lo que sí obliga el Real Decreto es a la autorregulación. En ese caso los Consejos Reguladores tendrán que tomar sus decisiones para reducir la producción antes del 30 de junio.

 

 

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