La reforma de Ley de Publicidad Institucional vulnera el derecho fundamental a la libertad de información

Redacción

La Junta de Castilla y León se ha propuesto cargarse el sector audiovisual y la pluralidad informativa y lo está haciendo por tierra, mar y aire.

Si el pasado viernes el PP, el PSOE, Soria Ya y Vox, estos últimos con su cobardía, apoyaron que la televisión privada de Promecal y Edigroup recibiese anualmente 23,4 millones de euros, la jornada de este lunes supuso firmar un hachazo en toda regla para los medios de comunicación independientes.

La Comisión de Presidencia de la Junta de Castilla y León aprobó 34 de las 38 enmiendas presentadas a la Ley de Publicidad Institucional de la Junta de Castilla y León. Las apoyaron todos menos el PP. Entre ellas se propone algo tan extravagante como que no pueda contratarse, en los medios de comunicación, publicidad institucional si el importe supera en su conjunto el 30% de su facturación anual. Una propuesta que directamente es ilegal.

Lo es porque, de entrada, lo que se les escapa a todos y cada uno de los responsables políticos de la Junta y de otras administraciones es el concepto de lo qué es o para qué sirve la publicidad institucional.

Ya el propio Tribunal Constitucional señaló que la publicidad institucional es una manifestación del derecho a la información. Y este derecho no puede limitarse en función de la facturación de cada cual.

Tal y como hemos explicado en tantas ocasiones, una obligación necesaria de las administraciones públicas, para hacer llegar al conjunto de los ciudadanos, servicios y medidas implantadas por las propias administraciones. No es un capricho, ni una herramienta de financiación para medios de comunicación, ni propinas, ni nada por el estilo.

A nadie se le ocurriría contratar obras en una ciudad, por ejemplo, limitando la contratación al 30% de la facturación de la empresa, porque las obras tienen un coste que en nada depende de si la constructora en cuestión factura más, menos o igual. La obra cuesta lo cuesta y la necesidad de una administración de hacerla no es financiar a una empresa, sino ejecutar la obra con unas características concretas.

Con la publicidad pasa igual

La administración debe, primero, definir la necesidad de cada campaña publicitaria y las vías en las que ha de promocionarse. Después, las diferentes empresas tendrán sus respectivas tarifas, que no depende de si un año u otro facturan más o menos, sino del coste del servicio específico. Pensar, por ejemplo, que los medios de comunicación copen ese porcentaje, no solo afecta a la economía de las pequeñas empresas de comunicación, sino que merma, limita o coarta a los ciudadanos de la posibilidad de conocer aquellos servicios que la administración tiene que promocionar hacia sus propios administrados.

Pero PSOE, Soria Ya, UPL, Vox y el Grupo Mixto con Podemos y Francisco Igea, no parecen tener mucha idea de qué es la publicidad institucional ni lo que supone, no para los medios de comunicación, sino para el derecho a la información del conjunto de los ciudadanos.