La Plataforma por el Directo solicita aclaraciones a la Junta sobre sus estimaciones económicas para la recuperación de la línea
Redacción
La Plataforma por el Ferrocarril Directo cree que las declaraciones del consejero de Movilidad requieren de una explicación, rebajar 1000 millones al coste inicial propuesto por el ministro tiene una connotación despectiva que socaba el interés de la Junta de Castilla y León hacia las infraestructuras de su propia tierra.
Cree que tras 15 años en el más absoluto abandono político por parte de la Junta de Castilla y León, las estimaciones económicas de esta comunidad no defienden en lo más mínimo el futuro de nuestra región ni de las comunicaciones ferroviarias que la misma administración autonómica había prometido en campaña electoral.
Lo anunciado el pasado lunes por el consejero de Movilidad, José Luis Sanz Merino, en el marco del foro empresarial celebrado en Madrid, denota para la Plataforma que la aspiración de la Junta para con la línea 102 (Madrid-Aranda de Duero-Burgos) un valor peyorativo para con el trazado del Directo, sin miras al futuro.
Para la Plataforma, este recorte de 1.000 millones no situaría la línea en ninguno de los corredores europeos, algo que sólo se conseguiría con la auténtica modernización del trazado.
“La Junta afirmó, en reunión con todas las plataformas de la provincia de Burgos, que se comprometía con unas inversiones iniciales de 600 millones en una primera fase y que a continuación añadiría un importe aproximado, pero lo cierto es que la cifra se desploma ahora hasta los 300”, recuerda Jorge Núñez, presidente de la Plataforma.
Desde la plataforma se pone en duda que las inversiones propuestas desde la Junta aseguren el uso mixto acordado de pasajeros y mercancías que la población exige y que, finalmente, las palabras y el esfuerzo prometidos por la administración para incluir la línea en el Corredor Atlántico “se quede como un mero brindis al sol reducido a mercancías”.
Es por ello por lo que la Plataforma solicita justificación sobre las proposiciones no de ley planteadas por el PP. Bajo su punto de vista, sólo buscarían una apertura de mercancías con el fin último de ahorrar dinero al Ministerio.
En palabras de Jorge Núñez, hasta ahora los estudios del Directo “sólo han servido como justificación de otras infraestructuras en otras provincias con el resultado de abandono y retraso socioeconómico”.
Incide en que son necesarias “explicaciones urgentes”, para evitar el pesimismo más absoluto sobre el lugar en que queda la línea 102.
Por otro lado, a la reducción drástica del presupuesto, se suman otros motivos más para la desesperanza: teniendo en cuenta que en la Ribera del Duero se encuentra uno de los parques de camiones más importantes de Castilla y León y de España, es fundamental que la vía Madrid – Aranda– Burgos (modalidad Autopista ferroviaria), tenga prioridad absoluta sobre la realidad actual de Valladolid y Zaragoza con respecto a los tres trenes diarios de camiones, resultado obtenido en el estudio dedicado exclusivamente a la reapertura de la línea Madrid- Aranda- Burgos en 2017 y no de la de Valladolid.
“Aranda de Duero, tercer polo industrial de Castilla y león, no ha sido incluida en CYLOG hasta 2025”, recuerdan desde la Plataforma y “sólo impulsado por el hastío del empresariado arandino”. “No entendemos que no se haya reivindicado el uso mixto entre Burgos y Vitoria (“Y” Vasca) cuando todas las provincias aferentes a esta infraestructura sí tienen sus nuevas infraestructuras diseñadas para uso mixto”, prosiguen diciendo.
Por último, recuerdan incumplimientos. Por parte del Ministerio la del cambio de traviesas que la ahora exministra de Transportes Raquel Sánchez anunció en 2023. Por parte de los partidos políticos, la falta de soluciones ferroviarias en el Congreso de los Diputados ante la ausencia de gestión del ministro del ramo anterior José Luis Ábalos.
