El Ayuntamiento de Aranda da seis meses a la propiedad de la Plaza de Toros para presentar el proyecto de adaptación y abre expediente sancionador
El Ayuntamiento de Aranda de Duero da un nuevo paso para avanzar en la solución de la situación de la Plaza de Toros con el inicio del procedimiento de restauración de la legalidad urbanística. Los informes municipales han constatado que la Plaza de Toros, el edificio anexo y los aparcamientos fueron ejecutados al amparo de distintas licencias, pero que las obras realizadas no se ajustan completamente a las condiciones establecidas en ellas. Al mismo tiempo, los informes consideran que las obras ejecutadas son compatibles con el planeamiento urbanístico vigente. Por este motivo, el Ayuntamiento requiere a la propiedad, Toros Ricor S.L., que presente en el plazo de seis meses un proyecto técnico de adecuación y legalización.
El proyecto deberá determinar las actuaciones necesarias, especialmente en materia de seguridad, evacuación, protección contra incendios, accesibilidad y aparcamientos, así como las actuaciones de conservación necesarias en el aparcamiento exterior. Una vez presentado, el proyecto será estudiado por los servicios técnicos y jurídicos municipales y, si procede, se tramitará una nueva licencia de obras de ajuste. Posteriormente, las actuaciones que se ejecuten deberán ser objeto de una nueva inspección municipal.
Esta actuación constituye la parte urbanística de un trabajo más amplio que está desarrollando el Ayuntamiento. Paralelamente, se continúa avanzando en el análisis jurídico de los distintos expedientes, licencias, contratos y procedimientos judiciales relacionados con la Plaza de Toros, con el objetivo de conocer cómo se ha llegado a la situación actual y analizar las actuaciones que puedan corresponder.
Según el Ayuntamiento, “ambas líneas de trabajo deben confluir para avanzar hacia una solución de la situación de la Plaza de Toros con todas las garantías técnicas y jurídicas” y aseguran que “la resolución no concede actualmente ninguna licencia de primera ocupación ni de apertura, ni ordena la demolición de las instalaciones”. Las actuaciones que finalmente deban realizarse dependerán del proyecto que presente la propiedad y de los informes técnicos y jurídicos que se emitan durante su tramitación. Asimismo, se inicia el correspondiente procedimiento sancionador, que deberá determinar, en su caso, las responsabilidades que pudieran derivarse.
